Cuando, a finales de agosto, Chile puso fin a 28 años de prohibición total del aborto, me pregunté cuál sería el beneficio real de esta nueva ley para las mujeres. Un reducido número de chilenas podrá acceder a un aborto por la vía legal porque, para empezar, el aborto solo está permitido en tres casos: cuando la vida de la mujer está en peligro, en caso de inviabilidad del feto, o cuando el embarazo es resultado de una violación. Para continuar, un médico debe certificar que la mujer encaja en una de esas tres categorías, debe estar dispuesto a practicar el aborto –el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile ya anunció que se acogerán a la objeción de conciencia como institución– y debe estar capacitado para ello.
Sin embargo, quizá Chile ha abierto una puerta al optimismo. Otros países de Centroamérica que todavía luchan por la despenalización del aborto pueden tomar el ejemplo del sur en sus demandas ante unos dirigentes sordos, empeñados en ignorar todos los informes internacionales que advierten del peligro de la prohibición del aborto para la salud y vida de las mujeres, y las voces de denuncia de su propia población.
Malquerida conversó con Mayte Ochoa, trabajadora social de Ipas Centroamérica, para conocer su opinión sobre el impacto de este reciente cambio en Chile en materia de derechos de la mujer.
¿Crees que el ejemplo de Chile puede ser una oportunidad para los países de Centroamérica que todavía prohiben el aborto en todos los casos?
Creo que en el caso de Honduras, en el caso de El Salvador, en el caso de República Dominicana, esta puede ser una oportunidad, y una muestra de que los estados tienen voluntad de cambiar.
El caso de Nicaragua es diferente. Nicaragua es un país en este momento que está en la mano de dos personas. El estado de derecho y la institucionalidad no existen, entonces creemos que difícilmente puede tener una influencia positiva el reciente cambio ocurrido en Chile. Hay una clara falta de respeto al estado de derecho, hay una clara falta al rol que tiene el estado en garantizar derechos humanos de la ciudadanía y de las mujeres y por eso, difícilmente eso puede tener un efecto positivo, o una influencia. Porque Nicaragua está como aislada, en este ámbito particular está como aislada de lo que está ocurriendo en otros países.
El Salvador, por ejemplo, está dando muestras impresionantes de que se está confabulando un consenso interesante entre la derecha, la izquierda y el movimiento social, para tratar de avanzar en una legislación que protege derechos fundamentales de las mujeres.
Honduras hace poco tuvo un debate, en abril. La discusión se llevó hasta el parlamento. Hay una clara posición de quienes están a favor, quienes están en contra. Se debate, se discute, se habla el tema a nivel de las instituciones.
No ocurre eso en Nicaragua. En Nicaragua el tema está totalmente vetado. La asamblea nacional no habla del tema. En octubre del año pasado, se presentó una iniciativa de ley con el apoyo de 6.000 firmas notarias. Lo hizo un grupo ciudadano, gente que no está dentro de las organizaciones, y archivaron la iniciativa sin siquiera avisar, sin respetar los mecanismos que la ley de participación ciudadana tiene estipulados.
Hubo medios nacionales e internacionales que quisieron profundizar sobre esto, y el gobierno no dijo una sola palabra.
Hay una posición clara en Nicaragua respecto a eso, y la posición la dicta el presidente y la vicepresidenta: es el marido y la esposa en este país.
Definitivamente [hay que esperar] hasta que haya un mejor escenario. Eso no significa que no hagamos los intentos por el cambio. Recientemente Humans Rights Watch estuvo aquí, en Nicaragua, haciendo un informe del impacto de la penalización y al parecer tuvo cierto efecto en evidenciar el silencio y la inactividad del gobierno frente a esta problemática. Hubo medios nacionales e internacionales que quisieron profundizar sobre esto, y el gobierno no dijo una sola palabra.
Y siguen así, siguen desde que vino Amnistía Internacional hace unos años, que no quisieron ver a nadie, entonces la presión internacional no está permeando a este gobierno. Creo que va a ser necesario un cambio de gobierno para poder volver a tener una interlocución con el estado desde estas organizaciones de la sociedad civil, en el caso de Nicaragua. No se va a hacer nada, sabemos que hay muy poco interés y voluntad política, incluida esta temática, en políticas públicas. A pesar de que la ciudadanía en diferentes encuestas, ha mostrado que están a favor de, no quieren hacerlo, no hay voluntad. Pero sobre todo porque no quieren levantar el debate público sobre esto, tienen al parecer una negociación con las organizaciones católicas y evangélicas, en términos de si se meten o no se meten temas de derechos sexuales y reproductivos.
¿En Nicaragua, como en El Salvador o Chile, las mujeres en problemas por abortar son mujeres de bajos recursos? ¿Es este un patrón que se repite?
Efectivamente es un patrón que se repite. En Nicaragua, la característica fundamental de las muertes maternas es: mujer de área rural, de las zonas más alejadas del país y de las zonas más pobres, y las mujeres más jóvenes también. Es un patrón que se viene repitiendo desde hace muchísimos años, y que efectivamente una ley como esta, totalmente restrictiva, a quien afecta es a las mujeres más pobres.
En Honduras se repite, en El Salvador se repite. Las mujeres encarceladas son las mujeres con menos accesos a servicios de salud, a atención por parte del estado. Mujeres que viven en zonas con violencia –que son víctimas de violencia social, de violencia en la familia, violencia en la pareja– muy marcada. Entonces es una ley que está destinada a un cierto sector de las mujeres: las más pobres, las que viven en las zonas más alejadas y sin acceso a servicios de salud. Lo hemos visto en Honduras, lo hemos visto en Nicaragua y lo hemos visto en El Salvador. Y las más jóvenes se están muriendo.
En Honduras se repite, en El Salvador se repite. Las mujeres encarceladas son las mujeres con menos accesos a servicios de salud, a atención por parte del estado.
Una cosa importante que vos tenés que saber es que tenemos una crisis. Con la falta del estado de derecho en Nicaragua, particularmente, el acceso a cifras confiables de muertes maternas, de embarazos adolescentes, de violencia sexual, de embarazo por violación, son cuestionadas. Porque lo que está ocurriendo es que el gobierno está o maquillando las cifras o sacando casos concretos. Lo mismo pasa con los feminicidios. La forma en la que están clasificando este tipo de problemáticas y las víctimas de estas agresiones directas, la están haciendo de tal manera que les permita entrar con indicadores más o menos positivos de cara a los objetivos de desarrollo del milenio. Tan así es, que por ejemplo Nicaragua, ahorita, reporta nada más –que bueno, si eso es así, qué bueno– en lo que va de año, 27 muertes maternas, con las características de las que hablábamos ahorita.
¿Crees que esta despenalización es suficiente, cuando la inmensa mayoría de los casos de aborto siguen siendo ilegales?
Yo creo que en términos formales es una avance gigante. Y en países de Latinoamérica, como Chile, que han sido tan conservadores en este tema. Sobre todo por lo que significa simbólica e ideológicamente para los gobiernos y para las mujeres. Obviamente va a depender de la promoción que el sistema de salud haga del servicio y de la no objeción de conciencia de los prestadores de servicios de salud, para que puedan las mujeres acceder a los servicios de aborto.
El aborto está altamente estigmatizado. Incluso las mujeres que pasan por una situación de aborto, difícilmente lo pueden vivir de manera pública, tranquila y como un servicio de salud más, como el pap, como hacerse un chequeo rutinario. No pasa eso, por el estigma fuerte del aborto. Y ahí, las instituciones encargadas y la promoción de los servicios legales de la interrupción del embarazo, pueden ser clave. Y obviamente el estado, a través del ministerio de salud, poniendo a disposición de las mujeres a través de estos servicios en estas causales aprobadas.
Como feministas, quisiéramos que el avance fuera mucho más allá. Pero para nosotros, que estamos peleando en un país que no tiene ni una sola causal, ese es un avance significativo
Como feministas, quisiéramos que el avance fuera mucho más allá. Pero para nosotros, que estamos peleando en un país que no tiene ni una sola causal, ese es un avance significativo. Es lo que de alguna manera estamos demandando en un país como Nicaragua, como El Salvador, como Honduras, que aunque sea para salvar la vida de la mujer, cuando hay una malformación congénita, o cuando una niña es violada –tenemos tantos casos en Centroamérica– y queda embarazada, pueda haber la posibilidad de interrumpir el embarazo. Son las peticiones mínimas que debería tener una mujer, una niña, en situaciones como esta. Y sí consideramos que es un avance significativo. Quisiéramos ir más allá, pero el poder político y la voluntad política de quienes toman las decisiones de hacer políticas públicas para garantizar derechos humanos de las mujeres, no estamos en ese mismo tono. Cualquier avance es positivo, cualquier avance se agradece, eso estamos claro.
Que eso va a reducir el acceso al aborto clandestino, no lo sabemos. Creemos que la protección de la vida de mujeres que están pasando situaciones como estas tres, sí puede estar. Porque esas situaciones sí pasan por las instituciones de salud. Obviamente el aborto por elección, el aborto por cualquier razón, no van a disminuirse porque las mujeres van a acceder al aborto de manera clandestina segura o no segura, si así lo deciden. Y no es la penalización la que detiene el acceso o la búsqueda de aborto para las mujeres. No es la penalización, y eso está comprobado.
¿Una mujer con cáncer podrá ahora recibir quimioterapia en Chile?
Mira, lo que pasa es que es ahí justamente donde se tiene que entrar. Obviamente eso es parte de las causas que ahorita aprobaron. Si hay peligro para la vida de la mujer tienen que, según la ley, interrumpir el embarazo. Lo que está ocurriendo en Chile, y que es algo me imagino las organizaciones están tratando de avanzar, es en el trabajo con el personal de salud para que no se opongan al servicio, para que no declaren objeción de conciencia, volviéndose el personal de salud una barrera para que las mujeres accedan a este servicio. La despenalización misma de estas tres causales no garantiza, en efecto, que el personal de salud cumpla con la ley. Lo mismo ocurre con la ley actual en Nicaragua o El Salvador que está totalmente penalizado pero esa ley no garantiza que los abortos no ocurran. Los abortos siguen ocurriendo, obviamente en situaciones de clandestinidad y en muchas ocasiones, en situaciones de inseguridad.
¿Qué opinas sobre las redes de acompañamiento del aborto, que nacen de la ciudadanía, del feminismo?
Es una de las salidas que históricamente las mujeres hemos buscado para tratar de hacer que ese servicio que las mujeres buscan no sea tan inseguro. A mí me parece genial que si el estado no resuelve, tiene que resolver otra. A mí me parece una salida… bueno, soy feminista, creo que las mujeres tienen derecho a decidir. Y si el acceso a este derecho se hace de esta manera me parece más que perfecto. Debería ser el estado quien lo garantice, pero lo hacen personas, organizaciones a título individual que arriesgan su propia seguridad para hacer llegar un servicio a una mujer que lo va a hacer con o sin las acompañantes, lo va a hacer de cualquier manera. Lo que se está intentando hacer, y es lo que entiendo, es que sea más seguro, que eso no signifique que ponga en riesgo la vida de esas mujeres por acceder a un servicio clandestino, pero no necesariamente inseguro. A mí me parece genial, me parecen geniales las líneas, me parece genial el acceso al medicamento, me parece genial que se haya inventado medicamento para esto, porque creo que eso permite avanzar en la autonomía de las mujeres.
Es complicado porque efectivamente es un delito en países como Nicaragua, como El Salvador, como Honduras. En Nicaragua ha salido gente con mala fe en Facebook ofreciendo esos servicio, cobran unas cantidades brutales a las mujeres, a veces le venden pastillas falsas y las mujeres terminan en situaciones muy complicadas. Pero también sé que hay mujeres que lo hacen por garantizar que no le pase nada a esa otra mujer. A mí me parecen geniales esas redes, definitivamente.
¿Cómo le explicaría a alguien que está en contra del aborto que el derecho al aborto es positivo para toda la sociedad?
Yo empezaría diciendo que la libertad es un derecho. Y que ese derecho incluye a las mujeres. La libertad de decidir cuándo o no ser madre es fundamental. Es fundamental no sólo para la mujer y su vida, y su salud mental y su salud física, sino para la sociedad y los nuevos seres que están formando la sociedad. Es fundamental ser deseado, es primordial tener derecho a tener una familia que ha decidido tenerte. Y que cuando eso no ocurre, las condiciones de vida desmejoran significativamente. Que el derecho a decidir sobre el cuerpo sobre la vida de una mujer lo tiene sólo esa mujer. Al final puede ser que no le guste, y al que no le guste que no lo haga pero que no imponga sus creencias o valores sobre otras que sí consideran que pueden y deben hacerlo.
La libertad es un derecho. Y ese derecho incluye a las mujeres. La libertad de decidir cuándo o no ser madre es fundamental.
Para nosotros como Ipas Centroamérica es fundamental y celebramos obviamente el avance que ha dado Chile y esperamos que El Salvador pueda dar ese paso significativo para las mujeres. Estamos hablando de las demandas mínimas en la protección de derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Ese avance coloca a los estados en un escenario de mayor garantía de derechos para las mujeres, y lo coloca en un escenario de un estado respetuoso de los derechos, y ganan los estados con esto, ganan cuando son estados que respetan los derechos de su ciudadanía incluyendo la niñez, y las mujeres. Ojalá que pase pronto en El Salvador.
