Me despido de mi madre con un beso en la mejilla y ella me mira a los ojos en silencio. No puedo evitar pensar, y siento que ella también lo piensa, que esa podría ser la última vez que me ve con vida.
Mi nombre es Mayu Flores y soy una persona de género no binario, es decir, soy transgénero. Actualmente, no tengo un hogar fijo, ni un trabajo estable y mis estudios han quedado inconclusos. Combato día a día con el acoso callejero y la transfobia de nuestro país, siempre con la rebeldía que caracteriza a las cabras como yo. Sé, por experiencia propia, lo que el Centro de Investigación de Interdisciplinaria en Salud, Sida y Sociedad (CISSS) afirma. Entre 2005 y 2016 registró 382 casos de violencia, 249 casos de discriminación y 174 casos de asesinatos a personas Trans, Lesbianas, Bisexuales, Gais y Intersexuales.
Yo he sido víctima de discriminación por mi orientación sexual por parte de un serenazgo en Miraflores en noviembre del 2015, y recientemente interpuse una denuncia por violencia familiar a mi padre. Tengo un padre que discrimina y utiliza la violencia psicológica contra su hije, yo, por mi identidad de género; un padre que en más de una ocasión ha intentado quitarme la vida sin éxito. Mi primer recuerdo de estos intentos es cuando tenía 6 años.
En ambos casos, me he topado con una cruda realidad. Necesitamos políticas públicas que protejan de manera explícita a las personas por su identidad de género y orientación sexual de los crímenes de odio, y que prevengan la discriminación. En otras ocasiones, cuando he sido víctima de violencia verbal, física y acoso en la calle, no me he atrevido a denunciar por miedo a la impunidad, la depresión y el desgaste de vivir en un país que no tiene fobia a las mariposas, pero bien que nos da muerte lenta con su indiferencia y con su violencia. Tenemos un Congreso pintado de naranja que niega los crímenes de odio y nos colocan en un estado de vulnerabilidad ante la falta de leyes que nos protejan.
No es lo mismo ser un hombre, blanco, gay, con carrera universitaria completa y trabajo fijo, que vive en Miraflores, Lima, la capital; a ser una mujer, trans, afrodescendiente, con discapacidad motora, que solo acabó su educación primaria y que vive en el distrito de la Esperanza, en Trujillo.
Además, en el Perú vivimos en una sociedad cómplice e indiferente con su silencio y que se golpea el pecho los domingos mientras mata lecas, tracas y maricas en nombre de Dios, donde líderes religiosos mandan a matar a lesbianas en el sermón de la misa y dejan en claro que el Estado sí tiene autoridad para matar “aberraciones”. Una sociedad que no es solo profundamente corrupta y explotadora de sus ciudadanos en un sistema económico liberal, sino que es machista y patriarcal, y que excluye a las cuerpas que no le sirven. Un sistema que excluye a las personas con discapacidad, a indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes sin carrera técnica ni universitaria, gays, lesbianas, trans, intersexuales. Todas estas exclusiones cobran vidas todos los días. No es lo mismo ser un hombre, blanco, gay, con carrera universitaria completa y trabajo fijo, que vive en Miraflores, Lima, la capital; a ser una mujer, trans, afrodescendiente, con discapacidad motora, que solo acabó su educación primaria y que vive en el distrito de la Esperanza, en Trujillo.
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Mi caso no es aislado. Cada vez que me insultan, o me agreden, a mí o a alguien como yo, me pregunto si saben que tenemos una familia, una madre, un padre, hermanas, hermanos, amigxs, amores y seres queridxs que nos esperan en casa. Muchas veces al salir de la mía me pregunto si regresaré con vida o en un cajón.
El año pasado una adolescente transgénero de tan solo 14 años, Zuleimy Aylen Sánchez Cárdenas, fue asesinada. Hoy su asesino anda suelto con total impunidad, pese a que fue capturado. ¿Acaso nuestras vidas no valen nada para la justicia peruana? Es por esa impunidad que muchas personas no denuncian. Y esta impunidad se debe a que no existen leyes hasta ahora que especifiquen la identidad de género y la orientación sexual como un agravante de crímenes de odio.
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Un crimen de odio sucede cuando una persona ataca a otra motivada por un prejuicio como, por ejemplo, la etnia, la edad, el sexo, la discapacidad y la religión, solo por mencionar algunas. El pasado 6 de enero del 2017, estas agravantes mencionadas fueron incluidas junto con la identidad de género y la orientación sexual en el Código Penal Peruano mediante el Decreto Legislativo 1323, mediante el cual los delitos en móviles de intolerancia y discriminación bajo estas agravantes recibirán una mayor condena, por ser consideradas poblaciones vulnerables.
Sin embargo, el pasado 5 de mayo, el Pleno del Congreso, con 66 votos en mayoría naranjas, derogó explícitamente la identidad de género y la orientación sexual de dicho decreto. Los responsables de que se tomara esa decisión, aquel día, sin que haya estado programado el debate en la agenda, fueron el Fujimorismo, el APRA y el APP. A todo esto surge la pregunta: ¿por qué de todas las agravantes incluidas el 6 de enero, solo eliminaron la identidad de género y la orientación sexual?
Según el Fujimorismo no existen los crímenes de odio a personas TLGBIQ+, y según los opositores del Decreto Legislativo 1323 los homosexuales se matan entre ellos: son crímenes pasionales, dicen. Cuando escucho estas declaraciones, primero, me pregunto: ¿Ustedes nunca han presenciado violencia física, verbal o psicológica a una persona por su identidad de género o orientación sexual? Y, segundo: el amor no mata. La trans, lesbo, homo, bi, enebe fobia sí mata. Hoy sabemos que los feminicidios no son “crímenes pasionales”.
Vivimos en una sociedad que nos califica de “aberraciones” y que es indiferente ante la negación de nuestros derechos humanos, derechos tan básicos como el derecho a la vida. Se ha normalizado tanto la violencia contra nuestras existencias que quienes se oponen al DL 1323 se oponen porque los cristianos serían perseguidos por opinar diferente, cuando bien se sabe que una opinión puede ser transfóbica, racista, misógina e incentivar al odio, y que no por ser una opinión es inofensiva. Las opiniones pueden matarnos cuando van cargadas de odio.
Nuestra sociedad es tan doble moral que un domingo hay padres que se persignan en la misa y otro día violan a mujeres lesbianas o bisexuales en nombre de Dios para corregirlas de su “desviación”.
Nuestra sociedad es tan doble moral que un domingo hay padres que se persignan en la misa y otro día violan a mujeres lesbianas o bisexuales en nombre de Dios para corregirlas de su “desviación”. En esa misma lógica, Dios creó al hombre y el “hijo de una violación es parte de familia natural porque proviene de hombre y mujer” como dice el vocero de Con Mis Hijos No Te Metas, Cristhian Rosas. Está más que claro que sí necesitamos una ley que nos proteja de los crímenes de odio y que ponga la valla más alta.
Es por ello que las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave del Frente Amplio, junto a miembros de PPK, propusieron una alternativa al DL1323. El pasado 12 de mayo se presentó el Proyecto de Ley 1378 o “Ley Zuleimy”, que busca fortalecer la lucha contra los crímenes de odio y la discriminación basadas en varios motivos, entre ellos la identidad de género y la orientación sexual. Esto significa que no solo estaríamos protegidxs mediante el Código Penal, sino que también el Estado sería responsable de fomentar la prevención, concientización y penalización de la discriminación y los crímenes de odio contra las personas TLGBIQ+ mediante políticas públicas, además de declarar el 31 de mayo como el día nacional contra los crímenes de odio y el 28 de junio como el día nacional del orgullo TLGBIQ+.
Para presionar al Estado a tomar medidas a favor de trans, lesbianas, personas de género no binario, bisexuales, gais, interesexuales y queer mediante las políticas públicas, la INEI está realizando en conjunto con varias organizaciones de la sociedad civil una encuesta virtual con el fin de recopilar las problemáticas por las que pasamos. Porque, a día de hoy, en el Perú tampoco existe un registro nacional que nos demuestre a cuánto asciende la magnitud de los crímenes de odio con móvil de identidad de género y orientación sexual. Los informes que existen han sido realizados por la sociedad civil, en conjunto con organizaciones no gubernamentales, como el Informe Anual Sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2015-2016 elaborado por la Red Peruana TLGB y PROMSEX, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
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Es momento de que las calles hablen y el pueblo se levante en protesta contra este sistema que no funciona, excluye, precariza, discrimina y mata. Ha llegado el momento de la revolución, esa que el conservadurismo y la doble moral ya no puede contener más, y que por eso salen sin saber por qué con carteles bicolores a invadir los puentes de nuestras ciudades, como un intento desesperado de frenarnos. Pero no podrán, ni con todas sus arcas llenas de oro, con las cuales financian sus millonarias campañas podrán callarnos; ni aunque intenten matarnos. Es momento de hacernos más visibles que nunca si queremos vencer al conservadurismo que atenta contra nuestras existencias argumentando que no existimos y que, por lo tanto, no es necesario que se protejan ni defiendan nuestros derechos humanos.
Yo soy integrante de la colectiva Voces Diversas y sabemos que una nueva batalla por los Derechos Humanos de las personas TLGBIQ+ se ha iniciado con la “Ley Zuleimy” en el Congreso y en las calles. Y a quienes se opongan les diremos: ¡Con nuestras vidas, nuestras identidades y nuestras existencias no se metan! ¡Existimos, resistimos y luchamos por vidas dignas sin violencia ni discriminación de ninguna clase! A todas las personas diversas que leen estas líneas les transmito mi sentir: ¡Hemos ganado más de lo que nos han quitado, porque hasta el miedo nos han quitado, y en el proceso hemos descubierto que no estamos solas, soles ni solos! ¡Resiliencia Travesti!
Gráfica por Mariel Reyes
